“El mundo y América Latina y el Caribe (ALC) están experimentando cambios drásticos en la frecuencia y en la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. El calentamiento global, así como sus efectos relacionados, como las inundaciones, las sequías, los incendios y la propagación de enfermedades vectoriales, entre otros, pueden causar consecuencias catastróficas que afectan, en su mayoría, a los más pobres y vulnerables”. 

Sobre esto nos alerta un video producido en BID Invest que tiene como objetivo hacer un llamado a la acción en materia de financiamiento para la adaptación.

Los impactos son significativos; y los ejemplos, muchos. Según la Organización Meteorológica Mundial, los deslizamientos de tierras y las inundaciones que azotaron a los estados brasileños de Bahía y Minas Gerais en 2021 causaron pérdidas estimadas en US$ 3.100 millones.

En Guatemala, El Salvador y Nicaragua, los huracanes Eta y Iota a fines de 2020 contribuyeron a la grave inseguridad alimentaria de 7,7 millones de personas. En Bolivia, la sequía de finales de 2022 afectó a aproximadamente 230.000 hectáreas de cultivos y a 171.000 familias. En 2023, el huracán Otis, de categoría 5, azotó Acapulco, México, y se cobró decenas de vidas, además de dejar una devastación y un costo de reconstrucción estimado en US$ 3.400 millones. 

Prevenir los riesgos que podría exacerbar el cambio climático resulta más eficaz y menos costoso que hacer frente a sus efectos. Por cada dólar invertido en gestión del riesgo de desastres o en la adaptación (por ejemplo, elevando o reforzando puentes/vías de acceso e instalaciones de almacenamiento en un puerto) se pueden evitar pérdidas de casi cuatro dólares o más en infraestructuras dañadas, pérdida de equipos y pérdida de ingresos en las operaciones portuarias.  Estas inversiones en adaptación reducen la vulnerabilidad de las empresas, aumentan la resistencia de los sistemas humanos y naturales y aportan otros beneficios socioeconómicos y medioambientales.

Existe un gran déficit de financiamiento e inversión para la adaptación en América Latina y el Caribe. Se necesitarían hasta US$ 18.000 millones por año para responder y evitar las continuas pérdidas que ya experimenta la región. El Informe sobre la Brecha de Adaptación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que la necesidad media anual de financiamiento para la adaptación en América Latina y el Caribe sería de US$ 51.000 millones para el periodo 2021-2030. 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) de 2015, los países desarrollados se comprometieron a aportar US$ 100.000 millones anuales para el financiamiento de la lucha contra el cambio climático, lo que supone un aumento del financiamiento para la adaptación respecto de los niveles actuales. Este financiamiento se ha quedado corto, en especial en materia de adaptación, dado que, a nivel mundial, se necesita un monto entre 10 y 18 veces superior al actual.

¿Cómo podemos resolver la enorme brecha de financiamiento para la adaptación en América Latina y el Caribe?

Según un análisis realizado por BID Invest, existen áreas de mejora:

Una definición y un marco común para la adaptación: Para empezar, es esencial contar con una definición clara de lo que es la adaptación (el proceso de ajuste de los sistemas humanos o naturales al clima real o previsto y a sus efectos). Sin una definición clara y una comprensión cabal de los posibles riesgos y soluciones, existe menos apetito para invertir. 

Evaluar qué se considera adaptación a los fines de medir y monitorear los avances: El Grupo BID y otros bancos multilaterales de desarrollo están desarrollando metodologías para identificar y supervisar la Alineación con el Acuerdo de París y el Financiamiento de la Adaptación al Cambio Climático. Los proyectos se examinan para detectar vulnerabilidades o riegos físicos relacionados con el cambio climático en el futuro. De identificarse riesgos, es necesario abordarlos. El proyecto debe alinearse con las políticas y prioridades nacionales o locales en materia de resiliencia y adaptación al cambio climático. 

Normalización, armonización y transparencia en la medición, los indicadores y la presentación de informes: Si bien algunas inversiones podrían calificarse como financiamiento para la adaptación, la falta de normalización podría causar que no se informe tanto como se debiera (por ejemplo, respecto de la conservación del agua en el sector turístico o las inversiones en infraestructura portuaria previendo el aumento del nivel del mar). El Grupo BID y otros bancos multilaterales de desarrollo crearon un marco y unos principios para definir los parámetros de la resiliencia al cambio climático, lo que permite hacer el seguimiento de los productos y los resultados relacionados con la resiliencia climática a nivel de los proyectos. Del mismo modo, se está trabajando en el desarrollo de indicadores de financiamiento para la adaptación que fomenten la acción en ese sentido, más allá de la mera inversión monetaria.. 

Mayor difusión de los beneficios: Resulta menos sencillo cuantificar el impacto de las inversiones en la adaptación que el de las inversiones en la mitigación. En otras palabras, es más complicado medir qué costos futuros se podrán reducir en relación con un fenómeno climático incierto que los ahorros generados por evitar las emisiones y el costo de los combustibles. La incertidumbre y la dificultad para predecir la reducción de costos y los beneficios de las inversiones en adaptación en la actualidad pueden limitar el financiamiento para la adaptación. 

El rol del sector privado: Los motivos por los cuales los sectores del transporte, la agroindustria y el turismo, entre otros, invierten en adaptación suelen ser más claros, ya que para ellos es crucial abordar los riesgos climáticos como forma de proteger sus resultados financieros. Se necesita más concientización para que el financiamiento de la sostenibilidad se amplíe exponencialmente hacia la adaptación.

En sectores altamente regulados, como el de la infraestructura, la adaptación debe ser prioritaria para los gobiernos: Los planes nacionales de adaptación de los países deben vincularse con los proyectos de manera más sistemática y deben constituir un requisito para las nuevas inversiones. También debe tenerse en cuenta la resiliencia a la hora de diseñar y estructurar las asociaciones público-privadas, de modo de garantizar que los costos y las acciones sugeridas estén incluidos en las propuestas de licitación. Los requisitos de adaptación que se nutren de las mejores prácticas internacionales en materia de licitaciones para el desarrollo de infraestructura establecen la línea de base para la acción privada. En este sentido, el Grupo BID ha estado trabajando con Jamaica, Colombia y Brasil para crear un marco que permita abordar proactivamente el cambio climático en las asociaciones público-privadas. 

El Grupo BID se ha comprometido a aumentar el financiamiento para el cambio climático en América Latina y el Caribe al 30% de las aprobaciones de proyectos (y los compromisos totales de financiamiento a largo plazo de BID Invest). 

BID Invest ha financiado varios proyectos que incluyen la adaptación. Por ejemplo, en México, BID Invest apoyó a Naturasol para mejorar la resiliencia climática de más de 400 apicultores en Yucatán, lo que benefició directamente a casi 11.500 colmenas que se vieron afectadas por fuertes inundaciones y sequías prolongadas. 

En Brasil, BID Invest ayuda a Águas do Río a reforzar la infraestructura y los servicios de agua y saneamiento en el estado de Río de Janeiro, y esto no solo contribuye a que las comunidades vulnerables tengan un mejor acceso a los servicios, sino que también ayuda a reducir la probabilidad de enfermedades transmitidas por el agua. Este proyecto también aportará a la recuperación ambiental de los ecosistemas de la Bahía de Guanabara. 

En Guatemala, BID Invest proporcionó financiamiento y servicios de asesoría para llevar a cabo un estudio exhaustivo sobre los riesgos del cambio climático y las medidas de adaptación que deben contemplarse en la construcción, operación y mantenimiento de una carretera privada con peaje de 31 km.

En 2022, el financiamiento climático por parte del Grupo BID, como porcentaje de sus operaciones, alcanzó el 33%. El financiamiento total destinado al cambio climático fue de US$ 6.966 millones en 2022, de los cuales el 24% se asignó a la adaptación, el 44,6% a la mitigación y el 31,4% al doble beneficio. 

Por medio de la Alineación con el Acuerdo de París y los compromisos de financiamiento climático, BID Invest se posiciona como un actor clave en lo que respecta al financiamiento para la adaptación en ALC. Las asociaciones con los sectores público y privado, así como con la comunidad en general, son esenciales para llevar el aumento del financiamiento para la adaptación a los niveles que la región necesita. ¿Está preparado para formar parte de esta iniciativa?