Imaginemos una pareja, Lucía y Juan, que vive en una pequeña comunidad rural cuya principal fuente de ingresos es una mina de carbón. 

Durante casi 15 años, Juan ha trabajado en la mina. Lucía, por su parte, tiene un pequeño comercio y sus principales clientas son las mujeres locales. 

Sin embargo, la vida de Lucía y Juan cambia drásticamente cuando la mina cierra, producto un esfuerzo del país por descarbonizar y promover una economía más verde. 

Juan pierde su empleo, el negocio de Lucía también se ve afectado por la pérdida de poder adquisitivo de sus clientas, y la comunidad enfrenta una incertidumbre económica severa.

Esta historia, aunque ficticia, refleja la realidad de muchas comunidades en todo el mundo que dependen de industrias en transición hacia un futuro más sostenible.

Contexto global

Combatir el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es crucial: la transición hacia una economía neta cero es más necesaria que nunca. 

Sin embargo, presenta desafíos significativos para trabajadores, comunidades y países, especialmente los que dependen de los combustibles fósiles y otros sectores intensivos en emisiones. 

Si no se consideran estos retos, la transición puede generar retrasos y costos adicionales, como, por ejemplo, ocurrió con ‘los chalecos amarillos’ en Francia, una protesta de sectores afectados por impuestos a los combustibles fósiles, que le costó €10.000 millones al gobierno. 

La prioridad es garantizar que cualquier transición económica sea respetuosa con el medio ambiente, pero también sostenible, resiliente y equitativa, sin dejar a nadie atrás. 

Bajo este marco, se deben considerar los siguientes riesgos:

• que personas o grupos sean apartados o rezagados por la disminución o abandono de los combustibles fósiles; 
• que empeore la situación de personas y grupos ya rezagados: mujeres, afrodescendientes, pueblos indígenas, personas con discapacidad, y la comunidad LGBTQ+; y 
• que los impactos del cambio climático afecten desproporcionadamente a comunidades que suelen ser las menos responsables del problema.

Más allá de la energía  

Según las proyecciones de la OIT y el BID, la transición podría crear 22,5 millones de empleos verdes en América Latina y el Caribe. 

Al mismo tiempo,  podría ocasionar la pérdida de 7,5 millones de empleos actuales en sectores como la extracción y generación de energía, así como la producción de alimentos de origen animal. 

Por ejemplo, el sector automotriz en México, que representa el 4% del PIB y genera cerca de un millón de empleos, se verá significativamente afectado por la transición a vehículos eléctricos.

Serán necesarias estrategias para entender las habilidades necesarias en esta transición, reentrenar y capacitar a la fuerza laboral en nuevos procesos y tecnologías, y generar nuevos empleos inclusivos.

Oportunidades desiguales

El sector agrícola está en la primera línea de los efectos del cambio climático. 

Sin embargo, los pequeños productores, que contribuyen con aproximadamente el 40% de la producción agrícola, tienen poco acceso a financiamiento o a tecnología climáticamente inteligente. 

Sin apoyo adecuado, está en riesgo su participación en cadenas de valor más verdes, aumentando la inequidad de oportunidades.

Por otra parte, entre el 50% y el 80% de los minerales necesarios para la infraestructura y la tecnología climáticamente inteligentes están en -o cerca de- tierras de pueblos indígenas. 

La expansión del sector minero presenta riesgos únicos para estas comunidades y exacerba las tensiones. 

Las empresas deben fomentar relaciones respetuosas y generar beneficios mutuos con las comunidades anfitrionas, evitando que queden en posiciones de mayor vulnerabilidad y abriendo oportunidades para su prosperidad.

Liderazgo y acción 

Además de considerar los desafíos y oportunidades sociales, es imperativo integrar un lente de transición justa que sirva como marco de referencia a la estrategia del negocio y cualquier actividad económica o inversión hacia una economía verde.

Las empresas no deben tomar esto como un costo, sino como una oportunidad de inversión:

• en fomentar mejores relaciones con las comunidades y los empleados, generando una fuerza laboral más motivada y el apoyo de las comunidades locales; 
• en construir mayor resiliencia a cambios regulatorios y cambios de mercado; 
• en anticipar y mitigar riesgos ambientales y sociales en sus operaciones.

Esta transición nos presenta también la gran oportunidad de desarmar barreras estructurales y sistemáticas que han generado inequidades en nuestra región. 

Es necesario trabajar de manera sistémica, entendiendo y abordando simultáneamente los vínculos entre dimensiones económicas, sociales y ambientales. 

La economía verde permitirá nuevas oportunidades para el liderazgo, empleos, productos y servicios verdes, abriendo espacio para general mayor equidad de género y diversidad en fuerzas laborales y cadenas de valor. 

Y eso solo ocurrirá si cada parte asume sus responsabilidades, tiene las conversaciones necesarias, y toma decisiones y acciones proactivas.