Bolivia ha logrado recientemente avances importantes en la agenda de género, como haberse convertido en uno de los 25 países que a 2020 contaba con legislación sobre identidad o expresión de género. Además, no podemos olvidar que su constitución incorpora valores y principios de equidad de género y derechos específicos para las mujeres.

El Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 busca aprovechar el marco regulatorio existente para garantizar mayor logro educativo de las bolivianas y mayor participación en la actividad laboral y el liderazgo político, además de diseñar mecanismos que promuevan el empleo formal y reduzcan tanto la violencia de género como las brechas en el empleo. El sector privado podría ser un valioso contribuyente en este sentido.

Las empresas tienen la capacidad de contribuir a la creación de empleo de calidad enfocado en mujeres, el diseño y la oferta de alternativas de financiamiento adecuado para emprendedoras, y la facilitación de su acceso a mercados.

El emprendimiento femenino local está en crecimiento y el país compara favorablemente a nivel de América Latina y el Caribe en acceso de mujeres a servicios financieros. Sin embargo, ciertos desafíos críticos persisten y otros se han profundizado por efectos diversos de la pandemia. Entre otros, la disparidad salarial entre hombres y mujeres es amplia, la participación laboral femenina ha caído bruscamente en el último par de años (principalmente trabajadoras informales y de MiPyMEs) y la violencia de género continúa mermando el potencial de desarrollo; según CEPAL, Bolivia presenta la tasa más elevada de feminicidios en Sudamérica.

Mayores niveles de autonomía económica de las mujeres podrían generar efectos de desarrollo considerables, así como reducir los niveles de violencia de género. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, en Bolivia existe una relación negativa entre el ingreso promedio de la ocupación y el nivel de participación femenino. Sólo 30,1% de profesionales de alto nivel es mujer, comparado con el promedio regional de 40,7% y, aunque un 41,6% de empresas tiene mayoría accionaria femenina, apenas un 26,3% de ellas cuenta con mujeres ocupando posiciones de alta gerencia. Además, la brecha de equidad de ingreso por trabajo similar de Bolivia es una de las más amplias del mundo (ocupa la posición 125 de 146 países).

Por otro lado, se incentiva al sector privado a apoyar activamente al emprendimiento femenino, su formalización y acceso a financiamiento adecuado. Se pueden diseñar soluciones a nivel de plataformas de colaboración (incluyendo incubadoras, aceleradoras, empresas tecnológicas, universidades, entre otras) y proveedoras de financiamiento. Sobre la base de una encuesta reciente, los factores que impulsan el creciente emprendimiento femenino en Bolivia incluyen: independencia económica (30,6%), balance familia/empresa (29%) y realización personal (20,4%), mientras los mayores desafíos que las emprendedoras afrontan son: falta de capacitación en finanzas, complejidad de regulación tributaria, y dificultades para acceder a un negocio y para expandir redes comerciales.

En promedio, un 63,1% de los emprendimientos femeninos es informal, un 44,4% corresponde al sector servicios, un 69,1% se ha fondeado con recursos propios (sólo un 9,9% ha accedido a crédito de una entidad financiera) y un 42,9% incluye tecnología. En el ámbito formativo, es necesario que las empresas desplieguen estrategias de adquisición de nuevas capacidades y mejora de competencias para mitigar efectos no deseados de la automatización pues, según un estudio de BID, UNESCO y OCDE, un 30% de mujeres bolivianas enfrenta un riesgo alto de ser desplazado porque sus empleos pueden ser automatizados (comparado con un 10% de hombres).

La recientemente aprobada Estrategia de País del Grupo BID con Bolivia 2022-2025 busca apoyar temas relacionados con equidad de género, que constituye uno de los ejes transversales de la misma para todos los pilares y áreas de acción. Adicionalmente, BID Invest está fuertemente comprometido con la paridad de género y el diseño e implementación de soluciones de mercado, con enfoque transversal, para que las empresas avancen en esta agenda.

En tal dirección, los esfuerzos colaborativos a nivel privado podrían también incorporar tanto la actualización de programas educativos, de manera que la oferta se adecúe a los nuevos requerimientos de la demanda y los “trabajos del mañana”, como el fomento de la participación de mujeres en carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, en las que están notablemente subrepresentadas: según ONU Mujeres, el porcentaje de investigadoras en Bolivia pasó de casi 63% del total en 2010 a menos de 38% en 2014, y el de aquellas trabajando en ingeniería y tecnología fue apenas 19% en 2017.

Desde la perspectiva de financiamiento privado, se podrían explorar alternativas para que las instituciones financieras locales amplíen la cobertura de servicios a mujeres (particularmente en zonas rurales), emprendimientos liderados por mujeres y otros colectivos diversos. El acceso a crédito puede aumentar la productividad de las empresas, especialmente las MiPyMEs, que en Bolivia constituyen 99,5% de la demografía empresarial y cuya productividad supone apenas 36% de la de empresas grandes.

En este sentido, BID Invest otorgó recientemente un financiamiento de US$35 millones a Banco FIE S.A. para impulsar a las MiPyMEs bolivianas incluyendo emprendimientos liderados por mujeres o que sean propiedad de mujeres. La transacción presenta un impacto de desarrollo elevado y es altamente replicable (pulsar aquí para más detalles).

La coyuntura presenta oportunidades valiosas para que el sector privado boliviano se recupere de las dificultades operativas y financieras que actualmente enfrenta, mientras aporta efectivamente al crecimiento personal y profesional de las mujeres, reduce las amplias brechas socioeconómicas que ellas afrontan y complementa los esfuerzos llevados a cabo por el gobierno en esta materia.