Hablar de la inversión en infraestructuras como motor para las economías que salen de la crisis generada por el COVID-19 es ya un tópico. Pero no se está hablando tanto de un componente fundamental de esta inversión: la que se dirige a la infraestructura social.

La pandemia ha hecho crujir la infraestructura social en nuestros países, que en muchas ocasiones no fue priorizada o mantenida adecuadamente. Por ejemplo, la falta de infraestructura hospitalaria, equipamiento adecuado y de insuficiencia de profesionales de la salud han saltado a la vista. Una reciente publicación del BID menciona que, en promedio, América Latina y el Caribe (ALC) tiene 19,1 médicos y 28,7 enfermeras/parteras por 10.000 habitantes, cuando el criterio recomendado por la Organización Mundial de la Salud es de 23 recursos humanos para la salud por 10.000 habitantes.

El virus ha afectado seriamente nuestros barrios informales, donde practicar el aislamiento y el distanciamiento social es muy difícil. Según un estudio de la Corporación Andina de Fomento, más del 20% de la población urbana de la región vive en tales asentamientos, lo que según el BID representa el 60% de la población pobre de la región.

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La pandemia también dejó en evidencia la precariedad, falta de condiciones mínimas edilicias y el descuido en el tratamiento de nuestros mayores, que han sido impactados mayoritariamente, con contagios masivos y con las mayores tasas de mortalidad por el nuevo virus. Hoy en ALC existen aproximadamente ocho millones de adultos mayores con dependencia funcional, que representan el 12% de las personas mayores de 60 años en la región. Toda esta situación se podría agravar en caso de rebrotes, y multiplicación de contagios, que prolongue esta pandemia hasta que se consiga la vacuna y nuestra gente pueda acceder masivamente a la misma.

Ni que hablar ya de los impactos en nuestros centros educativos, y la imposibilidad de dar respuesta a las adaptaciones y conectividad necesaria para seguir brindando educación a distancia. Al menos, mientras las mismas se encuentren cerradas hasta las necesarias modificaciones para que los alumnos puedan regresar y poder implementar los protocolos necesarios para minimizar el riesgo de contagio.

Según una publicación del BID en ALC solo un 64% de los estudiantes tienen computador en sus hogares para tareas de la escuela. Las brechas de acceso perjudican a aquellos estudiantes de menor nivel socioeconómico. En promedio, un 94% de los estudiantes del primer quintil de ingreso, pero solo 29% del quintil más pobre, tiene acceso a un computador.

Ante este cuadro, hay que definir lo que podemos hacer desde el sector privado, los multilaterales y los gobiernos. Ninguna solución única ni rápida encontrará respuesta a los problemas. Pero las asociaciones público-privadas (APPs) podrían ser un instrumento para promover la inversión privada, complementando inversiones con dinero público, para acelerar un cambio en nuestra infraestructura social con efecto multiplicador sobre la economía, incluyendo incluir los incentivos necesarios para mantener adecuadamente los activos, y/o prestar algunos servicios de apoyo.

El Grupo BID, por ejemplo, ha definido al inicio de la pandemia que dentro de sus prioridades de apoyo se encuentra el sector privado y público. BID Invest, miembro del grupo, en marzo realizó el primer desembolso relacionado con un préstamo de US$25 millones para la construcción, operación, mantenimiento y equipamiento en Uruguay de 23 escuelas, 9 polos tecnológicos y 10 polideportivos, todos ellos públicos, bajo un sistema de APP.

Se podrían tomar tales ejemplos y las lecciones aprendidas de las experiencias que algunos países de la región han iniciado y acelerar de la mano de las multilaterales los estudios de pre-inversión necesarios para definir un plan de construcción y operación de hospitales. En este sentido, se pueden desarrollar estructuras de financiamiento para programas nuevos de hospitales que atiendan los riesgos que la nueva coyuntura de la pandemia ha dejado expuestos y al mismo tiempo tengan en consideración el gran esfuerzo fiscal que los programas actuales desarrollados en este año ya representan para las administraciones públicas.

Por otro lado, los organismos podrían comprometer financiamiento al programa de APPs de nuevos hospitales vía los programas en curso de las administraciones públicas, que ya han venido haciendo un esfuerzo fiscal importante en el sector durante el 2020.

Lo mismo podría evaluarse con respecto a la infraestructura educativa, en todos los niveles, incluyendo por ejemplo análisis innovadores en materia de riesgos, como también en relación a las condiciones de sostenibilidad y de conectividad que el mundo de hoy está demandando. Lo anterior, sin olvidar la responsabilidad por el mantenimiento de la infraestructura, la cual funge un papel primordial en los resultados académicos y en el bienestar de los estudiantes. También podríamos incentivar el desarrollo de viviendas para las poblaciones de medianos y bajos recursos mediante APPs que complementen otros planes oficiales con dinero público.

Y por qué no replicar el modelo de APPs de una manera más revolucionaria llevando las APPs a la construcción (incluyendo el mantenimiento) de geriátricos o lugares de cuidado de ancianos donde se establecieran disposiciones mínimas de calidad de infraestructura donde vivan nuestros mayores y puedan ser atendidos adecuadamente. ¿Quién se animará en lanzar el primer programa para nuestros mayores en la región?