Cuando uno necesita $650.000 millones anuales en inversiones, más vale tener una sala de recibimiento atractiva para los inversionistas.

Esa cantidad es, según las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo necesario para poder implementar y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en América Latina y el Caribe (ALC). Dado que la región sólo recibe $71.000 millones anuales en fondos de desarrollo, llegar a tales niveles de inversión es obviamente imposible sin la colaboración del sector privado.

Este año el reto es aún mayor, pues la combinación del colapso de los precios del petróleo y el shock a la demanda ocasionado por la pandemia de COVID-19 han afectado el precio de las materias primas que atraen capital extranjero. En su más reciente informe, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés) advierte que en 2020 la inversión en América Latina y el Caribe se contraerá entre un 40 y un 55%, reduciendo los flujos de capital estimados a un máximo de $100.000 millones de dólares.

El buen gobierno corporativo es la clave para reavivar el interés del sector privado, sobre todo en un momento de crisis en el que las prácticas sostenibles y los asuntos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés) están en boca de todos.

Según el más reciente reporte de la firma Morningstar, entre abril y junio de este año los fondos de inversión ESG a nivel global percibieron un influjo de $71.100 millones de dólares. No obstante, este apetito por invertir en ideas y proyectos sostenibles no se ha traducido en más capital para nuestra región.

Las buenas prácticas de gobierno corporativo generan confianza, y permiten a las empresas sobreponerse a la percepción que generan sus mercados locales. Las empresas que implementan buenas prácticas de gobierno corporativo son transparentes y tratan a sus accionistas de forma equitativa, rinden cuentas sobre sus actos y son socialmente responsables.

La transparencia es uno de los principios básicos de la buena gobernanza corporativa. Va más allá del cumplimiento con la regulación, pues requiere de la honesta disposición a informar de manera proactiva a los accionistas y a las partes interesadas sobre cuestiones que podrían impactarlos. La falta de transparencia lleva a la desconfianza y mayores costes de capital y transacción, disminuyendo a su vez la demanda de productos y servicios.

La igualdad en el trato a los accionistas puede generar discusiones complejas sobre gobernanza en ALC. En la región, la mayoría de las empresas tienen un accionista controlante definido, los mercados de capitales aún son emergentes, los accionistas minoritarios actúan poco y existe un historial de abuso de transacciones con partes relacionadas y conflictos de interés. Es muy difícil atraer fondos si los accionistas minoritarios sienten que sus intereses no serán protegidos.

La mala práctica corporativa contribuye a la degradación ambiental y el incremento en los índices de desigualdad en nuestras sociedades. Las empresas latinoamericanas están llamadas a impulsar el crecimiento sostenible de sus negocios, mediante la gestión de riesgos – en su mayoría desconocidos – en materia ambiental, social y de gobernanza, en un entorno donde la gobernanza corporativa aún está evolucionando y desarrollándose.

No debemos olvidar el papel que desempeña el buen gobierno corporativo en una situación de crisis, como la actual. Una investigación reciente publicada por E&Y (Global Risk Survey 2020), señala que 79% de los miembros de junta directiva reconocieron que las compañías no están del todo preparadas para afrontar una crisis.

Contar con una junta directiva responsable y efectiva también es condición sine qua non para atraer financiamiento. Las juntas directivas apáticas o que no rinden cuentas han de ser cosa del pasado. Hoy en día, la observancia de los deberes fiduciarios de los directores conlleva responsabilidad personal: en América Latina hay discusiones cada vez más sofisticadas sobre la aplicación de las reglas de discrecionalidad empresarial, y ya existen casos en los que se discute sobre la responsabilidad personal de directores de empresas involucradas en desastres ambientales y sociales.

La responsabilidad social corporativa, el respeto a las partes interesadas y las estrategias de inversión de largo plazo han sido mencionados constantemente en declaraciones recientes del Business Roundtable, World Economic Forum, British Academy, BlackRock, Vanguard, State Street y otros muchos inversionistas y administradores de activos.

BID Invest, por su parte, ha forjado alianzas con el sector privado, asociaciones empresariales y el mundo académico para impulsar el desarrollo e implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo en la región.

Si bien no existe una formula única de gobierno corporativo aplicable a todas las empresas, cualquier compañía puede crear estructuras y procedimientos a su medida.