El Covid-19 ha causado serias perturbaciones en las cadenas de valor a nivel mundial, lo que se ve reflejado en la escasez de productos y servicios, y en un aumento de los costos. Los efectos de tales perturbaciones, que se agravaron por una serie de desastres ambientales, siguen sintiéndose un año y medio después de que se desatara la pandemia.

Titulares periodísticos recientes dan cuenta de cómo la escasez está afectando el suministro de bienes y productos básicos críticos en todo el mundo y de cómo el aumento de los costos comerciales está generando inflación en los precios de los productos básicos, incluidos los alimentos y los productos agrícolas. Como se muestra en la Encuesta sobre las Brechas de Financiamiento del Comercio, el Crecimiento y el Empleo de 2021 del Banco Asiático de Desarrollo, la disrupción de las cadenas de producción/suministro sigue siendo una de las principales inquietudes de las empresas, y se espera que continúe durante 2022:

Las vulnerabilidades manifiestas de las cadenas de valor a nivel mundial, y las enormes complejidades que conllevan, las han puesto en el centro de la atención internacional, y han alertado sobre la necesidad de modificar políticas públicas con el fin de reforzar la seguridad de las cadenas de valor y adoptar un enfoque más centrado en la sostenibilidad. A principios de este año, la Unión Europea anunció legislación que se espera que entre en vigor en 2023, acerca de la debida diligencia ambiental, social y de gobernanza en la cadena de valor.

Esta legislación pretende que las empresas profundicen aun más en el cese, mitigación y la prevención de los riesgos ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) en sus cadenas de valor, y responsabilizarlas, así como a sus proveedores y subcontratistas, cuando atenten contra los derechos humanos, el medio ambiente y la buena gobernanza.

Puesto que los aspectos ASG de las cadenas de valor se han vuelto prioritarios para los reguladores y han despertado una mayor atención por parte de los inversores y los consumidores, más y más empresas – bastante nuevas – del sector privado están trabajando para brindar las herramientas adecuadas para (i) medir y rastrear las métricas pertinentes, como el uso del agua, las emisiones, la biodiversidad y el abastecimiento, y/o (ii) evaluar y certificar el desempeño ambiental, social y/o de gobernanza. Con la ayuda de la tecnología, estos "certificadores" pretenden aportar mayor transparencia y normas más claras a este compendio de esfuerzos.

Además, cada vez más, las empresas denominadas "sociales" se comprometen a mejorar las condiciones de vida de la población y de las comunidades en las que operan, incluso dentro de su cadena de valor, con el objetivo de generar valor compartido. Muchas de estas empresas tienen programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), y políticas de promoción de la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad ambiental. Asimismo, cada vez son más las que publican informes de sostenibilidad para comunicar su desempeño en materia de ASG, lo que las ayuda no solo a medir los riesgos y las oportunidades, sino también a aportar transparencia a sus operaciones y generar confianza frente a los actores sociales.

En 2018 el Grupo BID se unió a otros bancos multilaterales de desarrollo (BMD) para catalizar un desarrollo resiliente al clima y de bajas emisiones, con especial atención en alinear las políticas, operaciones y actividades hacia un desarrollo resiliente al clima. Los BMD desempeñan un papel fundamental en la promoción de cadenas de valor seguras y sostenibles, y son pioneros a la hora de integrar los aspectos ASG como parte de nuestra debida diligencia. Esto también está en consonancia con los objetivos estratégicos de BID Invest de lograr un crecimiento sostenible e inclusivo en su rol de socio fuerte para el sector privado de la región.

De esta manera, el trabajo de BID Invest se centra en las oportunidades inmediatas para la integración regional mediante (i) el apoyo a la reconfiguración de las cadenas globales de valor y las iniciativas de integración, (ii) el apoyo a la economía digital y las tecnologías con el objeto de fomentar la innovación, (iii) el apoyo a las MIPYME a través de mejores condiciones que contribuyan a la recuperación, (iv) las acciones contra el cambio climático tendientes a ayudar a que los países fomenten la resiliencia y la adaptación, y (v) la igualdad de género y la diversidad mediante el empoderamiento de las mujeres y las poblaciones vulnerables.

En mayo de este año, BID Invest acordó brindarle financiamiento de hasta USD 50 millones al Grupo Mercon, un acuerdo que respaldará la cadena de valor del café latinoamericano, especialmente en Guatemala, Honduras, Colombia, Perú y Brasil, y contribuirá a promover el crecimiento y la recuperación económica. La inversión forma parte de un préstamo sindicado regional de USD 500 millones, estructurado, gestionado y administrado por Rabobank, y con precios vinculados a las principales iniciativas de sostenibilidad que se alinean con la estrategia de Mercon de mejorar el nivel de vida de las comunidades cafeteras de la región y promover un impacto ambiental y social positivo.

El proyecto apoyará directamente a los pequeños y medianos productores de café de las poblaciones rurales de América Latina, teniendo en cuenta que más del 90% de los proveedores de café de Mercon son PYME. La inversión facilitará el acceso al financiamiento por parte los productores y tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad de sus negocios y proteger los puestos de trabajo. Esto es crucial para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de esas comunidades: el café es el segundo producto de exportación de Centroamérica, que produce más del 10% del café que se exporta a nivel mundial, generando alrededor de 2 millones de empleos en la región. Asimismo, el proyecto promoverá actividades climáticamente inteligentes para reducir las pérdidas de cultivos, mejorar la eficiencia y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Para BID Invest, estimular la recuperación implica facilitar el acceso al financiamiento a corto y largo plazo, en particular para las empresas más pequeñas en los sectores y segmentos más afectados, así como instrumentar la asistencia técnica necesaria para que reactiven sus operaciones. Como grupo, la prioridad del BID es trabajar para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y asegurar que ALC los cumpla para 2030. De esta manera, la acción climática y la sostenibilidad son los pilares de nuestro plan y el centro de nuestra "Visión 2025" para acelerar la recuperación de la región y posibilitar el trabajo sostenible e inclusivo.