Como respuesta a la crisis climática, nos embarcamos en una transición hacia un mundo de cero emisiones netas. Esta debe ser una transición justa, equitativa para todos e inclusiva para las mujeres.

Se precisa algo más que un cambio de foco, ya que no se trata solo de una transición energética hacia una economía baja en carbono sino, en términos más amplios, una transición que nos aleje de patrones de extracción y agotamiento de recursos, y nos conduzca a conductas regenerativas.

Es primordial que este proceso incluya temas de justicia y equidad social. En su naturaleza se arraigan los principios de la Agenda 2030: universalidad, interconexión e integración (que no quede nadie afuera). No habrá transición sostenible sin transición equitativa.

Es de esperar que los actores comerciales y financieros actúen rápidamente sobre los temas climáticos y que, al mismo tiempo, atiendan los riesgos físicos y transicionales que afectan a empleados, comunidades y proveedores, especialmente los que sufren desigualdades sistémicas. Y deben hacerlo no solo desde una perspectiva que busque evitar o mitigar los impactos negativos, sino desde una postura que imagine y cree maneras de alentar el trabajo y los medios de vida decentes, que haga que nuestras comunidades florezcan y genere economías sólidas y resilientes.

De forma errónea, esta cuestión se suele abordar primero desde una perspectiva ambiental y, en segunda instancia, desde las oportunidades de lograr la inclusión o de minimizar la exclusión.

Es por ello que la combinación de acción climática y transición justa necesita una mirada completamente nueva: la transición hacia una economía de cero emisiones netas encontrará dificultades si no la asumen las comunidades ni satisface sus necesidades.

Las mujeres ocupan un lugar preponderante en la acción climática.

Se estima que 58 millones de mujeres viven en zonas rurales de América Latina y el Caribe (ALC), y cerca de 24 millones pertenecen a comunidades indígenas. Esas mujeres desempeñan un papel preponderante en la resolución de los problemas del cambio climático, los esfuerzos de adaptación y la seguridad alimentaria, entre otras cosas. Sin embargo, también son las más marginalizadas y vulnerables a los efectos del cambio climático y muy a menudo las que más sufren la informalidad laboral.

Existen, en toda la región, aproximadamente entre 1,2 y 1,4 millones de pequeñas y medianas empresas (PYME) lideradas o de propiedad de mujeres, que representan cerca del 40% de todo el segmento. La mayoría de ellas informan que no tienen servicios financieros a su disposición o, si los hay, son insuficientes. Esto, junto con los desafíos de capacidad, no les permite emprender acciones climáticas e invertir en la tecnología correspondiente. 

Debemos ayudar a las PYME, que son el mayor empleador de la región, allí donde se cruzan el clima y el desarrollo. Conforman la columna vertebral de la economía de la región y tienen una función integral en sus cadenas de valor.   

Individualmente, la huella ambiental de las PYME es pequeña, pero en conjunto dan cuenta de un volumen combinado que representa muchas, si no la mayoría, de las emisiones. En la carrera hacia la neutralidad climática, el riesgo de que las PYME queden excluidas de las cadenas de valor es una realidad, lo cual podría deteriorar los medios de subsistencia y los ecosistemas y reducir las autorizaciones de operación de las empresas.

Hoy en día las mujeres representan alrededor del 60% de los egresados de las universidades en ALC. No obstante, siguen sin tener suficiente representación en la fuerza laboral, en puestos de liderazgo ni en cuestiones de distribución del ingreso. 

La cuestión tiene también su aspecto positivo, ya que la transición a una economía de cero emisiones netas podría crear 15 millones de nuevos empleos netos en la región para 2030; sin embargo, esos puestos de trabajo se crearán en sectores que tradicionalmente han sido dominados por hombres.

Esto significa que, como base, las empresas tienen la función y la responsabilidad de comprender, proteger y promover los derechos de las mujeres. Las mujeres pueden resultar aliadas poderosas para una transición justa, por lo que las empresas deben aceptar estas alianzas con ambición. Se pueden tomar algunas medidas para lograrlas.

Primero, acelerar la participación de mujeres en las decisiones empresariales, ya sea sobre qué hacer para que el negocio cambie a modelos más ecológicos, cómo adoptar nueva tecnología o bien cómo llegar a mercados nuevos. Estudios recientes de MSCI y Arabesque han demostrado una correlación entre la cantidad de mujeres en directorios corporativos y un mejor desempeño en la acción climática.

En segundo lugar, asegurémonos de que hombres y mujeres compartan de forma equitativa los beneficios económicos de las iniciativas de reciclaje profesional, aprendizaje de nuevas habilidades y acceso a oportunidades de empleo decente con bajas emisiones de carbono. La labor de BID Invest con la empresa Elcatex en Honduras es un buen ejemplo de ello.

En tercer lugar, adoptar una postura inclusiva a la hora de atender las cuestiones relacionadas con las emisiones y la sostenibilidad en la cadena de valor. Es preciso asegurar que las PYME, incluidas las lideradas y de propiedad de mujeres, así como los pequeños productores reciban incentivos, herramientas, tecnologías de inteligencia climática y capacidades para mejorar su sostenibilidad, aumentar la productividad y seguir perteneciendo a las cadenas de valor. Los esfuerzos de adaptación resultan de particular importancia en las cadenas de valor agrícolas, tal como lo demuestra nuestro reciente trabajo de asesoría con Naturasol de México.

Por último, garantizar que las mujeres tengan acceso al financiamiento, en particular si es sostenible. En la práctica, esto adopta distintas formas, pero, en esencia, requiere intencionalidad y priorización. Al poner financiamiento a disposición de las empresarias y ofrecer servicios que atiendan sus necesidades, las instituciones financieras desempeñan un papel fundamental en el éxito de las PYME lideradas por mujeres e impulsan el crecimiento sostenible gracias a la disminución de las desigualdades.

A los actores corporativos se les presenta una oportunidad concreta en los instrumentos financieros sostenibles. Deben asumir la responsabilidad de recorrer una transición justa asegurando que los indicadores de transición justa/sociales estén en consonancia con los indicadores verdes de sus marcos de préstamos o bonos sostenibles.

Incorporar consideraciones de género en la acción climática y las decisiones de inversión climática puede no sólo mitigar el impacto desproporcionado del cambio climático en las mujeres, sino también empoderarlas como factores de cambio en la transición hacia una economía de cero emisiones netas.