Cómo ayudar a Brasil a reducir la pérdida de agua
Brasil, un país con abundantes recursos hídricos pero también con importantes desequilibrios regionales en materia de acceso al agua limpia y al saneamiento, tiene unos índices sorprendentemente altos de desperdicio o pérdida de agua.
A pesar de que Brasil alberga el río más largo del mundo, el Amazonas, así como otros grandes cursos de agua, el sector de agua y de saneamiento se encuentra entre los menos desarrollados del país, en gran parte debido al fenómeno de subinversión crónica que sufrió durante décadas. Según datos de 2021, Brasil sigue teniendo grandes dificultades para realizar el tratamiento de los desechos cloacales, al punto de que solo se trata poco más del 50% del agua residual.
Esto significa que solo en Brasil se vierten a la naturaleza más de 5.500 piscinas olímpicas de aguas residuales por día.
Frente a esta situación, no es de extrañar que muchas empresas brasileñas de agua y saneamiento tengan como prioridad reducir las pérdidas de agua, como forma de conservar recursos preciosos y mejorar la sostenibilidad de las operaciones.
Según la clasificación del Instituto Trata Brasil, las 100 ciudades brasileñas más grandes, que concentran el 40% de la población del país, lograron reducir las pérdidas en los sistemas de distribución. Sin embargo, aún resta mucho por hacer.
Dentro de este universo, hay ciudades con índices alarmantes de pérdida en la distribución, superiores al 70%, mientras que la media nacional se sitúa en el 40,25%. Si bien un sinnúmero de empresas están invirtiendo en tecnologías y herramientas de gestión innovadoras con el objetivo de mejorar la eficiencia de sus sistemas, las pequeñas y medianas empresas (PYME) desempeñan un papel igualmente importante en este sentido.
Las PYME son actores clave en el sector de agua y saneamiento, sobre todo como subcontratistas de grandes empresas tanto públicas como privadas. Las PYME a menudo brindan los servicios, el personal y los equipos especializados de los que no disponen internamente las grandes empresas y, por eso, pueden ser una importante fuente de innovación y competencia en el sector.
Muchas de estas empresas ya operan con contratos basados en el desempeño, lo que garantiza la consecución de los resultados prometidos por la empresa contratada, ya que el pago se realiza en función de los ahorros concretos que resultan de aplicar las soluciones propuestas. Esto significa que, si las soluciones no generan el nivel de ahorro esperado, la empresa contratada no recibe el pago total. Dado que los indicadores clave de desempeño que se utilizan para medir el desempeño de los contratistas son muy precisos, también pueden emplearse para medir el impacto social y ambiental de las iniciativas.
Sin embargo, las PYME del sector de agua y saneamiento pueden tener dificultades de acceso al capital que necesitan para financiar tales iniciativas, además de que precisan apoyo para mejorar los esquemas de gobernanza que les permitirían participar en esta instancia de crecimiento del mercado.
Un nuevo fondo para el agua y el saneamiento ha identificado esta oportunidad y pretende cerrar esa brecha. Se centrará primero en el enorme mercado de San Pablo antes de expandirse al resto de Brasil.
El fondo otorgará financiamiento a las PYME subcontratistas de grandes empresas de suministro de agua para que desarrollen proyectos específicos tendientes a reducir la pérdida de agua e impulsar la eficiencia energética y el tratamiento de agua, y será gestionado por un conocido administrador de fondos con vasta experiencia en el sector.
BID Invest, junto con otros inversores, ha comprometido hasta BRL80 millones de financiamiento para el fondo, y también provee asistencia técnica en cuestiones relacionadas con el clima y la sostenibilidad, así como la gobernanza corporativa para las PYME clientes del fondo.
Además de su impacto ambiental, el fondo fomentará la participación del sector privado en el sector de agua y saneamiento de Brasil. Se alinea con el enfoque del Grupo BID, en tanto promueve el acceso universal a estas necesidades básicas y fomenta la participación del sector privado, la prestación eficiente de servicios, las mejoras continuas de las instituciones y la gobernanza del sector, y la innovación para mejorar aspectos como la eficiencia y el acceso.
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