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Una caja de herramientas para construir resiliencia climática y potenciar las alianzas público-privadas

Financiar infraestructuras tiene un efecto multiplicador: por cada dólar invertido, se generan hasta cuatro dólares de retorno. Pero la enorme brecha existente solo puede superarse estimulando la participación eficiente y sostenible del sector privado, y generando las herramientas necesarias para ello.

Una ingeniera en una represa

 

Los esfuerzos de la comunidad internacional para enfrentar el cambio climático son encomiables pero insuficientes, y las condiciones meteorológicas extremas continúan afectando de manera drástica a las comunidades y la economía de América Latina y el Caribe.

Se calcula que el costo anual para la región por fenómenos climáticos y desastres naturales fue del 2% del PIB durante las dos últimas décadas, y podría provocar una caída económica de hasta el 16% del PIB a finales de siglo.

Para dar una dimensión en términos económicos de estas cifras, basta con pensar que la reciente pandemia tuvo un impacto negativo del 7% del PIB (2,8% a escala global).

La infraestructura, motor del crecimiento económico, representa un sector particularmente vulnerable a los eventos climáticos extremos, y con impactos mayúsculos en todos los aspectos de la vida.


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Según nuestras estimaciones, América Latina y el Caribe necesitan invertir en los próximos años el 3,12% de su PIB para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y cubrir el déficit de infraestructura económica, sin considerar los crecientes requerimientos en infraestructura social, ni el resto de desafíos de inversión.

Si los países de la región no invierten más, y de manera resiliente y estratégica para desarrollar nueva infraestructura y mantener la existente, podrían perder hasta 15% del PIB durante los próximos 10 años.

Esto tendría también un impacto mayúsculo en la desigualdad, afectando en mayor medida a aquellos con menos recursos.

Por el contrario, invertir en infraestructura sostenible genera tremendos impactos positivos sobre el crecimiento: cada dólar invertido genera cuatro dólares en retornos. Los inversores que buscan rentabilidad social no encontrarán una oportunidad mejor que ésta.

 

La oportunidad público-privada

Es vital invertir en una infraestructura que resista y responda favorablemente a fenómenos climáticos extremos. Las enormes necesidades de inversión en un entorno macroeconómico desafiante requieren soluciones eficientes, sostenibles e innovadoras.

Por eso, es fundamental potenciar la participación del sector privado en cerrar la brecha de infraestructura sostenible. En la reciente Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP28) se planteó que América Latina debe invertir entre 3,7 % y 4,9% de su PIB en financiación climática.

En este contexto, y ante proyectos con probada rentabilidad socioeconómica, las Asociaciones Público-Privadas correctamente estructuradas resultan una herramienta esencial para el cierre sostenible de estas brechas.

Como parte de la planificación de infraestructura se pueden generar esquemas contractuales innovadores que garanticen un desarrollo, operación y mantenimiento eficiente de los activos, y una orientación decidida a proveer servicios de calidad.  

Desde el Grupo BID reconocemos esa necesidad y oportunidad para contribuir decididamente al desarrollo sostenible de la infraestructura de América Latina y el Caribe.

Nuestra Ventanilla Única para APP sitúa la sostenibilidad en el núcleo de nuestra acción: desde los apoyos al fortalecimiento de los marcos regulatorios, institucionales y de planificación en sostenibilidad, hasta la preparación y estructuración de carreteras, puertos, hospitales, parques, alumbrado público, o plantas de tratamiento sostenibles.

Así lo hicimos con los criterios de preparación sostenible de APP para Jamaica, que fue pieza fundamental para un acuerdo entre el país y el Fondo Monetario Internacional en el contexto de la Facilidad de Resiliencia y Sostenibilidad.

También lo hicimos con la actualización de los lineamientos APP en sostenibilidad en Perú, o la revisión de los pliegos de licitación de concesiones en Chile para identificar y responder a las brechas de sostenibilidad, así como el desarrollo de una estrategia de financiamiento sostenible, entre otros.

 

Una caja de soluciones

¿Y cómo logramos una consideración efectiva de todas las dimensiones de sostenibilidad en los proyectos APP? La Ventanilla Única de Asociaciones Público-Privadas del BID, junto con Rebel, generaron en 2020 una caja de herramientas para la preparación de APP sostenibles – originalmente adaptada junto al Banco de Desarrollo de Jamaica al contexto de ese país.

Las necesidades de la región crecen, al igual que nuestra demanda por ofrecer soluciones cada vez más sostenibles, innovadoras, y eficientes.

Por eso, diseñamos una nueva versión de esta caja de herramientas con vocación regional, y que ahora abarca la integración de los componentes de sostenibilidad, desde la identificación y preparación inicial de proyectos de infraestructura, estructuración, manejo contractual, hasta su financiamiento sostenible.

Gráfico caja de herramientas APP

 

Desde el Grupo BID, y a través de todas nuestras ventanas, seguiremos trabajando y contribuyendo al desarrollo sostenible de la región. No hay tarea más relevante, ni necesidad más apremiante: sociedad, sector público y sector privado trabajando de la mano ante el gran desafío de nuestra era. No hay otra manera.


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Escrito por

Ancor Suárez-Alemán

Economista, PhD, BA, con más de 15 años de experiencia laboral en el campo de la economía y política de infraestructura. Especialista Senior en Asociaciones Público-Privadas (APP) en la Vicepresidencia de Países del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente lidera el apoyo del sector público en la fase inicial de las APP de infraestructura en el BID, asesorando a 26 gobiernos de América Latina y el Caribe en aspectos de la fase inicial (marco regulatorio e institucional de las APP, planificación y priorización de infraestructuras, coordinación entre la Gestión de Inversiones Públicas y las Unidades de APP, capacitación); fase de operaciones (preparación y estructuración de proyectos de infraestructura, con énfasis en transacciones portuarias); y desarrollo y difusión del conocimiento en APP de infraestructura. Además, es el gestor de la Red Regional de América Latina y el Caribe sobre Análisis y Mejores Prácticas en APP. Gestor de Proyectos del BID para el desarrollo de Infrascope - análisis del entorno habilitador para APP eficientes y sostenibles en infraestructura social y económica en América Latina y el Caribe (energía, telecomunicaciones, transporte, infraestructura social, agua y saneamiento), una iniciativa conjunta del BID y The Economist Impact. Anteriormente, trabajó en el Departamento de Infraestructura y Energía del BID desarrollando y coordinando productos estratégicos de conocimiento en infraestructura relacionados con inversión, financiamiento, gobernanza, regulación y desempeño, entre otras áreas. Antes de eso, trabajó en el Banco Mundial en la práctica de transporte, donde desarrolló resultados de conocimiento en transporte como el primer informe de competitividad portuaria para la región de Asia Meridional. Ha asesorado a sectores público y privado en Europa, Asia Meridional, América Latina y el Caribe. Antes de su carrera en Washington D.C. (EE.UU.), contribuyó a varios proyectos de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología sobre modelos de negocio para mejorar la financiación y habilitar el financiamiento de proyectos de infraestructura, así como proyectos de inversión en infraestructura nacionales y regionales. Completó su PhD enfocándose en la Competitividad Portuaria y la Política Europea de Transporte Marítimo. Ha sido autor y coordinador de estudios generales y sectoriales, y ha publicado más de 100 trabajos sobre economía, política, inversión y financiamiento de infraestructura, y APP en diversas revistas y otras publicaciones especializadas.

Enrique Domínguez

Economista, MSc., BA., con más de 19 años de experiencia en economía aplicada, infraestructuras y políticas públicas. Especialista en Asociaciones Público-Privadas (APP) y Fiscal en la Vicepresidencia de Países del BID. Actualmente, trabaja con múltiples gobiernos de los países miembros del BID en América Latina y el Caribe (ALC) en esquemas de infraestructura PPP sostenibles, con enfoque en la inclusión de género y grupos vulnerables, evaluación y priorización de proyectos y evaluación de impacto para identificar y fomentar proyectos de alto valor, garantizando la sostenibilidad fiscal y ampliando las oportunidades de inversión público-privada. En el pasado, en México, dirigió el Departamento de APP en la Comisión Nacional del Agua, trabajó para asignar eficientemente los recursos fiscales en el desarrollo de infraestructura económica y social (transporte, agua y saneamiento, energía, salud y educación) en la Secretaría de Hacienda, y desarrolló importantes regulaciones energéticas para impulsar las inversiones privadas en el sector en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Recientemente, ha sido autor y coautor de publicaciones sobre priorización de APP, resiliencia, sostenibilidad fiscal e inclusión, y ha trabajado en varias estrategias de difusión para fomentar el conocimiento de las infraestructuras de APP.

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