Marzo es el mes en que celebramos y recalcamos la importancia de la igualdad. Tal vez ya es hora de romper con esa tradición.

El debate sobre la igualdad debe ser constante todo el año y también debe centrarse en la necesidad de proteger a mujeres y niñas de la violencia, la exclusión y la discriminación en todos los ámbitos de la vida. Si bien alentamos el respeto por los derechos y el empoderamiento, debemos ocuparnos de la protección del género, con plena conciencia de los riesgos interseccionales para las mujeres y niñas de la comunidad LGBTQI+, descendientes de africanos, grupos indígenas y personas con discapacidades.

Aunque es aún escasa la colección de datos específicos sobre violencia hacia esos grupos en América Latina y el Caribe, lo que complica más el diseño de medidas de prevención efectivas, queda claro que aún hay muchos obstáculos para que las mujeres puedan salir a trabajar seguras, perseguir una carrera profesional, viajar, tener una familia, estudiar, etc. Incluso caminar solas por la calle.

ALC tiene uno de los índices más altos de violencia contra las mujeres del mundo. Datos de 2019 revelaron que el 69% de las mujeres de la región sufrían violencia doméstica por parte de sus parejas y el 47% padecía violencia sexual. En América Central, dos de cada tres mujeres asesinadas fueron víctimas de femicidio. Esto es un problema persistente.

Sumado a esto, la Red Regional de Información sobre Violencias LGBTQI+ en América Latina y el Caribe informa que más de 2900 personas LGBTQI+ perdieron la vida por actos de violencia entre 2014 y 2019. Es probable que estos hallazgos representen solo una fracción de los casos reales, debido a que no se denuncian todos o a que no existen bases de datos confiables.

La pandemia de COVID-19 empeoró la situación. Según las Naciones Unidas, las llamadas a líneas de emergencia se incrementaron cinco veces en varios países, y muchos casos quedaron sin denunciar debido a las restricciones de movimiento que les impidieron a las víctimas pedir ayuda.

La violencia de género y el acoso tienen costos sociales y económicos para todos, incluso las empresas. Entre los muchos efectos negativos está que interfieren con la participación plena e igualitaria de las mujeres en la fuerza de trabajo y en la realización de su potencial económico. La violencia afecta el bienestar y la salud mentales y físicos de las personas, lo que lleva a instancias de estrés, angustia, pérdida de autoestima y motivación, etc. Todo esto impide el progreso profesional y hasta puede causar la pérdida del empleo.

Para las empresas, las situaciones de violencia de género y acoso en el hogar, el trabajo o la comunidad incrementan las pérdidas, dañan la interacción con los actores sociales locales, crean riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo, y reducen la productividad. Además, este tipo de situaciones en el lugar de trabajo implican grandes riesgos para la reputación de las empresas. Las denuncias de acoso sexual tienen un efecto mayor en la reputación de una empresa que otras formas de mala conducta —como el fraude—, según una investigación de 2018 publicada en Harvard Business Review.

Un estudio reciente sobre la violencia de género y el acoso publicado por BID Invest con datos de diez países de la región de ALC reveló que, a pesar de que se han hecho avances, aún quedan grandes desafíos por superar.

También hay datos positivos. Los resultados muestran que los diez países de ALC estudiados tienen medidas de contención y tratamiento específicos para las víctimas de violencia de género. Por ley están garantizados el libre acceso a la justicia y la asistencia legal, y existen medidas de protección legal que ayudan a reducir la intensidad de los riesgos de violencia continua. La discriminación es considerada un delito en la mayoría de los diez países analizados; lo mismo ocurre con la violencia de género.

No obstante, aún quedan desafíos por atender: no hay recursos suficientes para implementar por completo los compromisos establecidos en tratados internacionales y no hay registros de los actos de violencia cometidos contra las personas transgénero. Algunos países debaten a nivel judicial el marco de protección necesario para las personas LGBTQI+ así como las disposiciones específicas para combatir los delitos de discriminación, violencia sexual y odio que sufren. Podría ayudar que se diseñaran más incentivos de política pública nacional para el sector privado que sirvan de apoyo para los sobrevivientes de violencia de género, como ser un programa de exención de impuestos en Colombia.

Como institución comprometida con el desarrollo sostenible de ALC, nos asociamos con clientes del sector privado ayudándolos a monitorear la violencia de género y a comprender de qué forma las identidades de género diversas son afectadas por los proyectos de manera distinta. En este contexto, trabajamos en medidas de prevención que eviten y mitiguen estos riesgos.

Seamos claros: contratar personal más diverso es fundamental, pero también lo es garantizar su seguridad. Ofrecer equipo de protección personal que sea adecuado al género, diseñar un mecanismo de atención de quejas sólido que esté preparado para recibir y resolver denuncias de acoso sexual, brindar condiciones laborales seguras con iluminación y cerraduras suficientes en los vestuarios y emplear personal de seguridad femenino no deberían ser ideas opcionales, sino compromisos obligatorios para la empresa.

La experiencia dice que una gran cantidad de nuestros proyectos en sectores como los de infraestructura, fabricación y agroindustria que incorporan mucho personal migrante ofrecen oportunidades de prosperar a las comunidades locales, incluidas las pequeñas empresas de mujeres. Sin embargo, la misma fuerza laboral podría incrementar los riesgos de que las mujeres y las niñas locales sufran actos de violencia. Para lograr resultados positivos para nuestros proyectos y la región, exigimos que nuestros clientes tomen medidas firmes que prevengan esos riesgos y busquen aprovechar las oportunidades de inclusión financiera de género.

Creemos que la protección y la promoción son las dos caras de la misma moneda. Con líderes resueltos en el sector privado podemos lograr cambios significativos, y combatir la violencia de género y el acoso puede propulsar a empresas, comunidades y personas hacia la consecución del objetivo de desarrollo sostenible de igualdad de género.