En Colombia, la brecha digital sigue representando un gran desafío, especialmente en zonas rurales y subatendidas, donde hay poco acceso a servicios confiables de internet de alta velocidad o las soluciones actuales no satisfacen las necesidades de la mayoría de las poblaciones vulnerables.  

Se estima necesario invertir US$5.800 millones en infraestructura de banda ancha fija y móvil para cerrar la brecha digital respecto de los países de la OCDE. De esta suma, el 41% debería destinarse a la conectividad rural. Esta brecha obstaculiza el crecimiento económico, la productividad, las oportunidades educativas y el acceso a servicios financieros.  

El Grupo BID ha apoyado una combinación de la ampliación de la infraestructura de banda ancha del sector privado, reformas normativas y servicios digitales innovadores para ampliar la conectividad en todo el país. Estas actividades forman parte de una estrategia de mayor alcance para mejorar la infraestructura digital y asegurar que todos los ciudadanos puedan beneficiarse de la economía digital.  

Conectividad nueva o mejorada para casi un millón de personas vulnerables  

En 2021, BID Invest se asoció con Colombia Móvil S.A. (Tigo), importante empresa del sector de las telecomunicaciones en Colombia, para apoyar la ampliación o la mejora de la infraestructura digital en 1.255 pueblos y municipios rurales pequeños y muy pobres, donde viven más de 1,3 millones de personas. 

Para 2024, más de 1.400 pueblos rurales pequeños tenían conexión a internet por primera vez tras la instalación de un servicio de banda ancha móvil 4G. Además, el servicio móvil pasó de 2G/3G a 4G en unos 630 municipios. En conjunto, alrededor de 984.000 personas pobres y vulnerables ahora tienen acceso a conectividad de datos de alta velocidad, lo que les permite utilizar servicios financieros, de salud digital y de educación.  

A fin de promover el uso de nuevas conexiones de banda ancha móvil en zonas remotas, el proyecto también incluyó asistencia técnica para dos asociaciones de agricultores del territorio amazónico de San Vicente de Caguán. Los productores mejoraron sus conocimientos básicos sobre el uso de herramientas digitales y aprendieron a utilizarlas en actividades agrícolas y de conservación ambiental.

La expansión se vio favorecida por el marco regulatorio establecido en 2019, que vinculó la asignación de espectro a compromisos de cobertura rural y ayudó a impulsar la expansión de la red hacia zonas históricamente desatendidas. Esto llevó a operadores privados, como Colombia Móvil (Tigo), a extender sus redes más allá de los mercados que resultan interesantes desde el punto de vista comercial.

Políticas acertadas para la transformación digital

También con el objetivo de sentar las bases para una mayor inversión privada en infraestructura digital, de 2018 a 2020, un préstamo basado en políticas del BID se centró en mejorar la conectividad y en modernizar la política digital y el marco normativo de Colombia.  

En un contexto de rápidos cambios tecnológicos, la operación promovió servicios de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), el desarrollo de infraestructura y una mayor adopción de tecnologías digitales por ciudadanos, empresas y gobiernos, lo cual se reflejó en la clasificación del país en la dimensión de gobernanza del Índice de Preparación en Materia de Redes, en el cual pasó del lugar 97 a escala mundial en 2017 al lugar 70 en 2024, y en una notable mejora de la madurez de la reglamentación de las TIC, que alcanzó la condición de Generación 4 —la más elevada— en 2020, de acuerdo con el Rastreador de la Regulación de las TIC a nivel mundial.

Servicios digitales innovadores para las comunidades del último tramo  

A fin de complementar la inversión privada en conectividad rural, BID Lab está promoviendo el acceso a la conectividad digital para comunidades vulnerables de Bogotá, Cartagena, Barranquilla y otras grandes ciudades mediante modelos de negocio innovadores. Con un préstamo de US$2 millones del Programa de Empresariado Social, BID Lab está financiando la ampliación de Fibrazo, una empresa social que ofrece servicios de internet de alta velocidad por fibra óptica a hogares urbanos de bajos ingresos.  

Fibrazo es una empresa única en su género gracias a su modelo centrado en la comunidad. Ofrece servicios de internet prepagos sin contrato ni cargos por instalación y sin necesidad de cuenta bancaria ni domicilio formal, lo que elimina las barreras más comunes a la conectividad de las familias con ingresos de fuentes informales. 

Los usuarios pueden realizar pagos de bajo monto, incluso semanalmente, y probar el servicio gratis antes de asumir un compromiso. Para 2024, más de 33.000 hogares estaban conectados, de los cuales el 63% nunca había tenido servicios de banda ancha, y 92 escuelas recibían internet gratuito.  

Desafíos y lecciones  

En el frente normativo, el programa del BID demuestra la importancia de combinar gradualmente reformas del marco normativo con el aumento de la capacidad técnica en distintos sectores. Esto ayudó a propiciar y mantener el sentido de propiedad y el compromiso político del gobierno, necesarios para la ejecución eficaz de las reformas orientadas a la transformación digital.  

En cuanto a la ampliación de la red, ofrecer cobertura móvil de banda ancha nueva y mejorada en zonas rurales poco pobladas resultaba intrínsecamente difícil. Los operadores privados de telecomunicaciones, por lo general, no llegan a esas zonas. Por eso, fue crucial el marco normativo que proporcionó certeza sobre las obligaciones de cobertura y los plazos, lo que permitió al operador planificar adecuadamente las inversiones.

La experiencia de Fibrazo muestra que las pruebas gratuitas bien diseñadas pueden ser muy eficaces para fomentar la adopción de servicios de banda ancha. Al eliminar temporalmente barreras financieras y compromisos contractuales, una prueba gratuita de dos semanas permitió a los hogares de bajos ingresos experimentar los servicios de banda ancha de manera directa, lo que se tradujo en una tasa de conversión del 97%, una buena retención y una penetración muy superior a la de los proveedores tradicionales. La mayoría de los usuarios nuevos (60%) mencionaron la educación como su principal uso, lo que refleja el valor social de ampliar la conectividad.

En conjunto, estas iniciativas complementarias de los sectores público y privado demuestran cómo una regulación adecuada, la inversión privada y modelos de negocio innovadores pueden actuar de manera articulada para cerrar la brecha digital en Colombia.