Tras la década de sequía que sufrió entre 1997 y 2007, Uruguay gastaba más de US$2.800 millones al año en importaciones de combustibles fósiles. La energía hídrica se había desplomado del 90% al 50% en la matriz energética y el país se veía obligado a comprar energía del extranjero.

[caption id="attachment_5518" align="alignleft" width="325"] Uruguay cambió de estrategia y apostó por las energías renovables no convencionales.[/caption]

Fue entonces cuando, en 2008, el gobierno buscó una manera de diversificar sus fuentes de energía para nivelar el equilibrio entre demanda y oferta, y aprobó un plan energético a 25 años que puso el enfoque en el viento, el sol y la biomasa.

Con la ayuda de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Uruguay creó un entorno propicio para la inversión externa. No hubo subsidios, sino licitaciones transparentes con seguridad e incentivos para los inversores. Entre 2010 y 2015 el estado y el sector privado invirtieron más de US$7.000 millones en energías renovables.

El doble de capacidad en una década

Así, en tan sólo una década, el país logró duplicar su potencia total instalada. La energía eólica partió de cero a alcanzar más de 800 megavatios en 2015. Este crecimiento fue impulsado por las grandes financieras de desarrollo, los bancos comerciales y las agencias de exportación e importación, que aportaron financiamiento clave para el despegue del sector.

Solamente el Grupo BID aprobó más de US$420 millones en recursos propios a través de su brazo privado, recientemente restructurado bajo la Corporación Interamericana de Inversiones (CII). Unos US$280 millones más se movilizaron a través de otras fuentes financieras.

Con los recursos del organismo se financiaron los parques eólicos Palmatir, Carapé, Colonia Arias y Campo Palomas. Además, el banco apoyó la primera planta solar del país, La Jacinta. Para este año, se prevén operaciones con el parque eólico de Valentines y la planta solar de Casablanca. En conjunto, esos proyectos suman una capacidad de cerca de 500 megavatios.

Para conseguir el financiamiento necesario para sus operaciones, la multilateral recurrió a nuevas estructuras financieras, que en el caso de Valentines permitieron una participación de inversores institucionales de Uruguay. El involucramiento del BID y de la CII también atrajo otros inversores internacionales, condición clave para que parques como Carapé o Campo Palomas pudieran hacerse realidad.

Campo Palomas, por sí mismo, contribuirá 70 megavatios de energía limpia a la matriz energética de Uruguay a partir de 2017. Sus 35 molinos ayudarán a evitar casi 170.000 toneladas de CO2 al año – el equivalente a lo que emiten 35.000 vehículos durante el mismo periodo.

El 38% de energía eólica

Para cuando el parque eólico entre en operación, Uruguay quiere generar el 38% de su energía eléctrica a partir del viento. Además, el gobierno se ha comprometido a cortar en un 88% las emisiones de carbono para el mismo año.

Cumplir con la meta dependerá también del sector automotriz, concretamente del transporte público, donde el país quiere aprovechar su excedente energético. El año pasado Uruguay exportó un tercio de su energía y el 94,5% de su electricidad se generó con fuentes renovables, con lo cual se convierte en el segundo país con mayor consumo de energía limpia en América Latina.

La transición energética, que ya ha creado 50.000 empleos directos e indirectos en el país, no para de avanzar. Para 2030, Uruguay pretende reducir aún más su dependencia del agua aumentando la proporción de energías renovables no convencionales, como la eólica, la solar y la biomasa. Dada su trayectoria, el ímpetu de la revolución verde en Uruguay es imparable.