Permítanme comenzar con el hecho de que, entre los mercados emergentes, América Latina y el Caribe representa la mayor parte de las asociaciones público-privadas (APP) para el desarrollo de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos. En el primer semestre de 2014, la región contaba con 49 proyectos por un valor de US$36,1 mil millones, que representan el 71 por ciento de las inversiones en APP de países con mercados emergentes, según la actualización de 2014 Global PPI Update, elaborado por el Grupo de Asociación Público-Privada del Banco Mundial y la base de datos de  Participación Privada en Infraestructura (PPI).

Aunque la mayor parte de la inversión en América Latina y el Caribe se ha hecho en grandes países, especialmente en Brasil, un importante número de países más pequeños está mejorando su preparación para las APP, estableciendo nuevas agencias de gestión y adquiriendo experiencia especializada en la implementación. En los últimos 3 años, países como Guatemala, Honduras, Jamaica, Paraguay y Uruguay han formado nuevas agencias y unidades de APP y han subcontratado proyectos con resultados exitosos. En Honduras, el gobierno está poniendo en marcha una APP para proporcionar alumbrado público energéticamente eficiente. Uruguay ha dado pasos importantes en la estructuración de 8 proyectos que suman más de mil millones de dólares en el campo de las energías renovables, así como otros dos proyectos piloto, todo ello en el marco de una nueva ley nacional de APP. Paraguay ha avanzado rápidamente en la creación de un nuevo marco jurídico y un equipo de trabajo especializado, y en la estructuración de dos proyectos iniciales: un aeropuerto para su capital, Asunción, y una red de carreteras.

APP al estilo latino

Por otra parte, los modelos que se utilizan para las APP en América Latina y el Caribe no se imponen desde el exterior en una reforma del consenso de Washington, ni son las privatizaciones o simples copias de los mercados maduros de APP en el Reino Unido o Europa. La región está desarrollando su propia marca de APP.

En Brasil, el estado de Minas Gerais ha sido líder en contratos transparentes de APP, con la divulgación proactiva completa de los términos del contrato, así como de otra  información relevante del proyecto; una práctica que pone al gobierno bajo un mayor escrutinio, pero que, a la larga, se traducirá en mejores proyectos (see http://blogs.worldbank.org/ppps/what-if-we-disclosed-everything). Por ejemplo, un contrato público-privado se firmó en 2014 para construir una planta de tratamiento de residuos, con un costo de US$300 millones, para 2,5 millones de personas en el área metropolitana de la gran ciudad de Belo Horizonte. Durante la preparación, el equipo del proyecto operó bajo una política de divulgación completa. A medida que los miembros del equipo llevaron a cabo las evaluaciones, las fueron dando a conocer continuamente por Internet. Además, el equipo llevó a cabo alrededor de 20 reuniones públicas e identificó a todas las partes interesadas en el proyecto. Esta información genero cambios drásticos en el proyecto, incluyendo la reubicación de las instalaciones a una zona menos poblada. Por lo tanto, cuando el proyecto fue a la fase de licitación, estaba mucho más cerca de las expectativas de los diferentes grupos de interés.

En Colombia, para evitar que las APP colocaran una carga excesiva sobre las finanzas públicas, la ley del país en pasivos contingentes exige que cuando se firma un contrato de APP, las agencias gubernamentales que ejecutan el proyecto deban hacer una transferencia en efectivo a un fondo de contingencia. Por lo tanto, el gobierno está dejando de lado el dinero para cubrir el valor de las garantías previstas en un proyecto, en caso de que se deba hacer valer la garantía.

América Latina y el Caribe ha tenido su cuota de desafíos en el desarrollo de asociaciones público-privadas, pero está aprendiendo de sus éxitos y fracasos. Por ejemplo, en Colombia en la década de 1990, la demanda inferior a lo esperado para las autopistas construidas con fondos públicos y privados representó un revés para el gobierno en US$2 mil millones. La ley del país en los pasivos contingentes ahora protege contra este tipo de gastos imprevistos.

Muchos de estos temas se discutirán en La conferencia mundial de APP, “PPP Days”, que se celebra este año en Londres los días 16 y 17 junio:  http://www.ebrd.com/news/events/publicprivate-partnerships-ppp-days.html. En PPP Days, otros oradores y yo presentaremos ejemplos de México, Colombia, y los proyectos de APP de Brasil que llegarán al mercado entre los próximos 12 a 18 meses.

Para apoyar el creciente interés en las APP, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anuncia el primer MOOC (acrónimo en inglés de "massive open online course" y traducido al español como “curso en línea masivo y abierto”), disponible en español, que explica cómo planificar, diseñar y poner en práctica las APP en América Latina y el Caribe. Este curso, basado en los esfuerzos de los 30 expertos del BID, es parte de una serie de MOOCs sobre temas de desarrollo elaborados por el BID con edx, la plataforma MOOC de Harvard y el MIT. Ver http://bit.ly/MOOCAPPs