El asunto va mucho más allá de una mera cuestión de gasto salarial: cuando los proyectos a gran escala, como los de infraestructura o minería, se detienen por desacuerdos con las comunidades locales, las obras se demoran y las empresas sufren las consecuencias también a nivel de costos. Estos impactos se traducen en pérdidas anuales de unos US$100 millones por retrasos en la producción e impedimentos a la hora de desarrollar nuevas oportunidades de negocio. En el caso de proyectos a gran escala el costo puede ascender a más de US$1.000 millones por año.

La clave para evitar los conflictos y los daños económicos que éstos acarrean es escuchar más. ¿El modo más eficiente de escuchar? Las consultas públicas, que son el punto de contacto entre compañía y comunidad. Para ayudar a las empresas a gestionar mejor su relación con la sociedad civil, el Grupo BID lanzó una guía práctica de los marcos legales aplicables para sectores como infraestructura, energía e industrias extractivas en los 26 países donde opera.

Obtener la licencia social

La publicación resume la legislación para cada sector junto con los principios rectores y buenas prácticas universales que apoyan el relacionamiento empresa-comunidad. Como mecanismo participativo, las consultas permiten a las compañías obtener la llamada licencia social para operar. Crean un marco para la rendición de cuentas e incluso promueven la innovación social cuando se identifican nuevas oportunidades de desarrollo no previstas originalmente.

A través de las consultas las empresas establecen un protocolo para la comunicación con las comunidades y fomentan un compromiso recíproco con el proyecto. El proceso contribuye a los esfuerzos de debida diligencia de una compañía y ayuda a mejorar la relación con las comunidades locales.

El incentivo para el sector privado no se limita a cumplir con las reglas de debida diligencia. Las empresas saben que al mantener un relacionamiento con las comunidades locales pueden generar impactos positivos, reducir los conflictos sociales y aumentar las posibilidades de operaciones a futuro. Las consultas públicas son el punto de partida para ese esfuerzo de largo plazo.

[link_popup id='7217' link_text='Click to open popup' name='Suscríbete']

Sobre la autora

Flavia Milano es especialista de sociedad civil en la vicepresidencia de países del BID. Ex director de iniciativas de empresas y derechos humanos en América y África. Representante país en Mozambique. Consultora en temas legales relacionados con desarrollo en Europa. Abogado, LL.M., Juris Doctor, Universidad de Buenos Aires; segunda maestría en Desarrollo y Reducción de Pobreza, Universidad La Sapienza de Roma; especialización en temas ambientales de la cátedra UNESCO de Madrid. Flavia ha estado a cargo de proyectos de desarrollo en programas de derechos económicos y sociales, agua y saneamiento y género. Como abogada, trabajó con el sector privado y el sector publico en las áreas de negocios y derechos humanos en más de 17 países de África, América Latina, Europa y América del Norte. En el terreno también participó y contribuyó en publicaciones presentadas ante foros internacionales, en relación con las industrias extractivas, responsabilidad social corporativa y debida diligencia. Ha liderado procesos de consultas públicas con comunidades de base, fundaciones y ONG en Argentina, Bolvia, Perú, Congo, Gambia, Guinea, Liberia, Malí, Mozambique, Nigeria, Ruanda, Sierra Leona y Uganda.