1. Alcance de la Revisión Ambiental y Social El Proyecto consiste en el financiamiento del diseño, la construcción y operación de 42 centros de enseñanza para la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP). En noviembre de 2015, la ANEP, junto con el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), comunicaron al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la intención de llevar a cabo el proyecto de infraestructura educativa en conjunto, con el objetivo primario de realizar 165 obras de infraestructura en la órbita de la ANEP y 60 en la órbita del INAU. Se estableció que el total de infraestructura que se pretende construir estuviera dividido en 4 ó más llamados. El presente Proyecto se enmarca en el segundo de dichos llamados (llamado 8/2017) que abarca obras exclusivamente de ANEP. La licitación fue ganada por el consorcio formado por las empresas uruguayas Saceem, Stiler y Berkes. Estas tres empresas cuentan con una larga tradición en ingeniería y construcción en el país (Saceem desde 1951, Stiler desde 1959 y Berkes desde 1939), tanto en obra pública como privada. De acuerdo con el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y su Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), para llevarse a cabo, el Proyecto no requiere Solicitud de Autorización Ambiental Previa de DINAMA (Decreto 349/05, art. 2). 2. Clasificación ambiental y social, y sus fundamentos Este Proyecto ha sido clasificado en la categoría B según la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social de BID Invest, debido a que sus riesgos ambientales y sociales son de mediana a baja magnitud e importancia y pueden ser manejados con medidas disponibles y viables en el contexto de la operación. Las Normas de Desempeño (ND) de la Corporación Financiera Internacional (IFC) que el Proyecto activa son las siguientes: • ND 1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales • ND 2: Trabajo y condiciones laborales • ND 3: Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación • ND 4: Salud y seguridad de la comunidad 3. Contexto ambiental y social. Los centros educativos de ANEP que componen el Proyecto se distribuyen de la siguiente manera: (i) 7 escuelas con una capacidad de 6 aulas; (ii) 16 escuelas con una capacidad de 9 aulas; (iii) 9 polos educativos tecnológicos; y (iv) 10 centros polideportivos. Todos ellos serán construidos en áreas urbanas de diferentes localidades, distribuidas en 15 departamentos del Uruguay: Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, Tacuarembó, y Treinta y Tres. Los centros de enseñanza combinarán 4 tipos de infraestructura (aulas, talleres, gimnasios y auditorios) además de los servicios complementarios. Todos los predios donde se van a construir los centros son propiedad de organismos del estado. 4. Riesgos e impactos ambientales, y medidas de mitigación e indemnización propuestas 4.1. Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales a. Sistema de evaluación y gestión ambiental y social. Cada una de las empresas del consorcio cuenta con un sistema propio para evaluar y gestionar los riesgos ambientales y sociales. Para gestionar los riesgos asociados al Proyecto, tienen en desarrollo un Plan de Gestión Ambiental y Social de Construcción (PGAS-C), que se complementa con un Plan de Seguridad General. Dichos planes incorporan procedimientos específicos para identificar, anular y mitigar los riesgos ambientales, sociales y de salud y seguridad específicos para cada etapa. El consorcio contará con un sistema de gestión completo antes del inicio de la construcción. Las empresas que conforman el consorcio cuentan con certificaciones ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 45001. b. Política. Cada una de las empresas que componen el consorcio cuenta con una o más políticas que abarcan temas de medio ambiente, salud, seguridad y asuntos sociales. Stiler posee una Política de Calidad, Seguridad y Gestión Ambiental; Berkes cuenta con una Política del Sistema de Gestión que incluye temas de salud y seguridad, y Saceem ha adoptado varias políticas, entre las que se encuentran la Política de Medio Ambiente y la Política de Seguridad. El consorcio adoptará una política general que represente a las tres empresas integrantes. c. Identificación de riesgos e impactos. El procedimiento de identificación de riesgos e impactos está en elaboración y formará parte del PGAS-C. El equipo de técnicos prevencionistas capacita al personal que interviene en las obras y aprueba los Análisis de Trabajo Seguro (ATS), que consisten en identificar, en el mismo lugar de trabajo y con los propios trabajadores, los riesgos a los que están expuestos al realizar su labor diaria. Cada jornada comienza con un “Pare y Piense” donde se repasan las tareas y las medidas de seguridad y gestión ambiental. d. Programas de gestión. Los planes específicos que integrarán el sistema de gestión están en elaboración y se basarán en los ya adoptados por cada una de las empresas integrantes del consorcio. e. Capacidad y competencia organizativas. El consorcio está encabezado por un Comité de Dirección del cual depende el Gerente de Proyecto. Este último es responsable de los asuntos de medio ambiente, salud y seguridad. Para ello cuenta con un Jefe de Seguridad y un Jefe de Medio Ambiente. A su vez, cada empresa que integra el consorcio tiene su propio equipo de seguridad y medio ambiente. f. Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia. Los planes de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia integrarán el sistema de gestión del consorcio y estarán basados en los planes de las empresas que lo integran. g. Seguimiento y evaluación. El PGAS-C establece que el consorcio deberá presentar informes de desempeño ambiental a las autoridades competentes con información sobre el cumplimiento de las medidas de gestión ambiental incluidas en el plan, la evolución de indicadores definidos, los resultados de monitoreos, los registros de quejas o denuncias y la correspondiente actuación de la empresa, los registros de reuniones con vecinos, la identificación y gestión de aspectos o impactos ambientales no previstos, y otras modificaciones o actualizaciones que correspondan al PGAS-C presentado. Un informe final de clausura conteniendo una síntesis del desempeño ambiental de la obra será realizado al finalizar la fase constructiva del proyecto. Al ser empresas certificadas estas están sujetas a seguimiento y evaluación en forma continua. h. Participación de los actores sociales. Las Comisiones Descentralizados de ANEP son órganos que actúan a nivel departamental llevando una descentralización territorial de los distintos aspectos de la gestión educativa. Entre sus cometidos se mencionan acciones tales como: (i) favorecer y desarrollar la interacción entre la educación y la comunidad; (ii) coordinar las acciones que optimicen la cobertura de los servicios educativos; (iii) coordinar acciones que contribuyan a la solución de los problemas de infraestructura edilicia; y (iv) elaborar propuesta de plan de obras anual. En el cumplimiento de estas funciones las Comisiones Descentralizadas interactúan con los Arquitectos Residentes y con los miembros de la comunidad para determinar la ubicación de los locales educativos. i. Comunicaciones externas y mecanismo de quejas. El Proyecto prevé un sistema de gestión de inquietudes y quejas (telefónica y escrita) que llega a los respectivos Directores de Obra, responsables de Seguridad y hasta la Gerencia de Proyecto. Las formas de comunicación (números telefónicos y direcciones de correo electrónico) serán divulgadas en cada una de las obras en ejecución a través de cartelería pública. 4.2. Trabajo y condiciones laborales a. Condiciones de trabajo y administración de las relaciones laborales. Se estima que en cada centro trabajarán en forma directa entre 20 y 50 personas durante la fase de construcción, con un promedio de 30 personas. Las obras no se realizarán todas simultáneamente, sino que se estima que habrá aproximadamente 10 avanzando en paralelo, lo que implicará un número total de personas trabajando que oscilará en el entorno de 300 personas, con instancias puntuales que podrán superar esa cifra, con un máximo estimado cercano a las 500 personas. En la fase de operación, cada centro empleará entre 3 y 5 personas pertenecientes a las empresas que desarrollan el Proyecto, sin considerar al personal docente y administrativo de los centros de enseñanza provisto por ANEP. i. Políticas y procedimientos de recursos humanos. Estos integrarán el sistema de gestión que está en elaboración y se basarán en los ya existentes en cada una de las empresas integrantes del consorcio. ii. Condiciones laborales, términos de empleo y organizaciones laborales. Los trabajadores de las tres empresas que conforman el consorcio pertenecen al ramo de la construcción, y sus trabajadores están afiliados al Sindicato Único de la Construcción y Anexos (SUNCA). Las condiciones laborales están regidas por los convenios de dicha rama de actividad. Se proporcionará vivienda a los trabajadores que no sean locales. De acuerdo con la legislación uruguaya, todos los trabajadores cuentan con seguro de accidentes obligatorio, así como seguro médico con cobertura familiar. La fijación de las remuneraciones y otros beneficios se determina por el Consejo de Salarios correspondiente al sector. iii. No discriminación e igualdad de oportunidades. De acuerdo con la legislación uruguaya, está prohibida toda forma de discriminación (incluyendo por género). Tradicionalmente, sin embargo, la presencia de mujeres en la industria de la construcción es escasa a nivel obrero. iv. Mecanismo de atención de quejas. Cada una de las empresas que integran el consorcio cuentan con un mecanismo interno para atención de quejas y reclamos a través de sus respectivos departamentos de recursos humanos. Además de estos mecanismos, los trabajadores cuentan con el apoyo de su sindicato y el acceso a los servicios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). b. Protección de la fuerza laboral. De acuerdo con la legislación uruguaya, la edad mínima laboral es de 18 años. La legislación laboral vigente en Uruguay prohíbe el trabajo infantil y el trabajo forzoso, siguiendo las normas de la Organización Internacional del trabajo (OIT). c. Salud y seguridad en el trabajo. La legislación uruguaya establece que los responsables de toda obra deberán presentar ante la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) del MTSS un Estudio de Seguridad e Higiene firmado por un arquitecto o ingeniero, para las distintas etapas de la obra, así como un Plan de Seguridad e Higiene firmado por el técnico prevencionista donde consten las medidas de prevención de los riesgos detallados en el Estudio de Seguridad e Higiene antes mencionado. También contienen normas de salud y seguridad que se deben cumplir en la construcción, incluyendo las condiciones de bienestar para los trabajadores. El Proyecto dispone de un equipo de técnicos prevencionistas encargados de aplicar en cada obra el correspondiente Plan de Seguridad e Higiene. Esto se complementa con los ATS mencionados anteriormente (ver 4.1.c). d. Trabajadores contratados por terceras partes. Los subcontratos, así como los prestadores de servicios en las obras, deberán cumplir con las políticas y procedimientos del sistema de gestión del consorcio. e. Cadena de abastecimiento. Todos los insumos y materiales utilizados en el desarrollo del Proyecto provienen de empresas formales establecidas, tanto nacionales como extranjeras, minimizando así los riesgos laborales inherentes a la cadena de abastecimiento. 4.3. Eficiencia en el uso de los recursos y prevención de la contaminación a. Eficiencia en el uso de los recursos. i. Gases de efecto invernadero. El tipo de construcción no prevé un impacto significativo en la generación de gases de efecto invernadero. El consumo de energía durante la operación será principalmente eléctrico. Uruguay tiene una matriz energética con suficiente capacidad de fuentes renovables para abastecer el total de la potencia demandada a plena generación. En 2018 el 97% del total de la energía eléctrica generada fue de origen renovable lo cual hace que el impacto sobre los gases de efecto invernadero sea muy reducido. ii. Consumo de agua. Dado que los centros de enseñanza se encuentran en áreas urbanas, el suministro de agua durante la operación será de la red pública administrada por la empresa estatal Obras Sanitarias del Estado (OSE). Aún no se ha determinado si el abastecimiento para la fase de construcción va a contar con la habilitación del servicio público, pero en caso de que no lo tenga, el agua se abastecerá mediante camiones cisterna de un punto de suministro gestionado por la empresa constructora. iii. Autorización Ambiental de los sitios de extracción de materiales de préstamo. La obra requiere un suministro de áridos que se comprarán en canteras comerciales. A los proveedores se les exigirá la presentación de la Autorización Ambiental Previa y/o Autorización Ambiental de Operación, según corresponda, para sus fuentes de extracción. b. Prevención de la contaminación i. Residuos. Durante la etapa de obras se llevará a cabo un procedimiento de gestión de residuos sólidos establecido en el PGAS-C que incluirá, en primer término, una segregación en obra de: residuos orgánicos, residuos de obra civil (inertes, maderas, vidrio, metal, etc.) y residuos especiales o peligrosos (aditivos, hidrocarburos, baterías, etc.). Los residuos no peligrosos serán dispuestos siguiendo las normas municipales de cada departamento. Los residuos de obra que puedan estar contaminados con restos de hidrocarburos u otros residuos especiales serán colectados por separado y dispuestos como residuos peligrosos a través de un gestor autorizado por DINAMA que cuente con Autorización Ambiental de Operación. Asimismo, durante la etapa de operación, los residuos especiales también se gestionarán a través de gestores autorizados. ii. Efluentes líquidos. Durante la etapa de construcción se utilizarán sanitarios químicos gestionados por un operador autorizado. Para la etapa de operación, la disposición será a través de la red de saneamiento público, cuando este servicio esté disponible, o, en aquellos lugares donde no exista, en pozo impermeable complementados con una disposición final mediante un gestor autorizado. iii. Manejo de materiales peligrosos. El procedimiento para manejo seguro de productos peligrosos durante la etapa de construcción (pinturas, solventes, lubricantes, combustibles, etc.) formará parte del PGAS-C y deberá contemplar la legislación nacional y departamental vigente. 4.4. Salud y seguridad de la comunidad a. Salud y seguridad de la comunidad. Los riesgos asociados a la etapa de construcción serán contemplados en el PGAS-C como parte del proceso de identificación de riesgos e impactos, y las medidas para mitigar dichos riesgos deberán estar identificados en el plan. Para la etapa de operación, el diseño de la infraestructura contemplará sistemas de prevención de riesgos correspondientes a los institutos de enseñanza, que incluyen las medidas de detección y combate de incendios determinadas por la Dirección Nacional de Bomberos bajo el Grupo E en las Tablas de Clasificación de las Edificaciones y Medidas de Protección contra Incendio (Decreto 184/018). Asimismo, los planes de gestión para la etapa de operación incluirán medidas de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia. b. Personal de seguridad. Se contratan empresas de seguridad para vigilancia que están reguladas por la Ley 19.721. No se prevé el uso de guardias armados. 4.5. Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario a. Aspectos generales. Trece de los predios donde se ejecutarán las obras son propiedad de ANEP (31%) y veintinueve (69%), cedidos por otros organismos públicos (intendencias, ministerios u otros organismos descentralizados), fueron recibidos en comodato. b. Desplazamiento. El proyecto no requerirá de realojos ni producirá el desplazamiento de personas o actividades económicas. 4.6. Conservación de la biodiversidad y los hábitats naturales Ninguno de los centros educativos se construirá en predios que afecten la biodiversidad, sean sitios protegidos o tengan valor de conservación. Todos los predios son urbanos con intervenciones anteriores. 4.7. Pueblos indígenas El proyecto no afectará pueblos indígenas. 4.8. Patrimonio cultural El proyecto no afectará el patrimonio cultural. 5. Acceso local a la documentación del proyecto http://ppp.mef.gub.uy/22908/2/areas/tercer-proyecto-de-infraestructura-educativa.html http://ppp.mef.gub.uy/innovaportal/file/21043/20/2018-05-28-adj.-provisional-educativo-2-.pdf http://dsi.anep.edu.uy/ 6. Plan de acción ambiental y social (PAAS) (Ver adjunto) 7. Información de contacto Por consultas sobre los proyectos, incluyendo temas ambientales y sociales relacionados con una transacción de BID Invest, por favor contacte al cliente (ver ficha Resumen de la Inversión), o a BID Invest a través del correo electrónico requestinformation@idbinvest.org. Como último recurso, comunidades afectadas tienen acceso al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación de BID Invest utilizando el correo electrónico mecanismo@iadb.org o MICI@iadb.org, o llamando al teléfono +1(202) 623-3952.
