El concepto de valor compartido es la versión ilustrada de Porter y Kramer del capitalismo, y defiende que el valor social y el financiero pueden coexistir y tener un impacto inter-causal en la rentabilidad de una empresa. En el caso de USIL, esto significa que favorecer la inclusión social y una mayor diversidad del alumnado no tiene por qué ser algo meramente altruista, sino que puede tener un retorno financiero: atraer más financiamiento externo para las becas, ofreciendo a los donantes un fondo de garantía, permitirá el ingreso de más estudiantes y, por lo tanto, generará más negocio para USIL, lo que a la larga conlleva una mejor reputación global y un modelo de negocio más sostenible.

Sobre la base de una estructura financiera bastante compleja, diseñada a partir de una evaluación de 5 meses del valor compartido realizada por el Departamento Financiero Corporativo del BID (por ejemplo,  calcular cuántas becas de alto riesgo tienen que ser compensado con otras de menor riesgo sobre x cantidad de tiempo), el fondo de garantía de USIL será tan bueno como los esfuerzos de la universidad para retener y graduar a los estudiantes más vulnerables.

Porque si un estudiante respaldado por el fondo de garantía abandona, USIL tiene que asumir el coste de su beca o préstamo (esto sólo se da con los estudiantes de bajo riesgo) y reembolsar al donante externo su dinero. Para que esto no suceda, USIL va a apoyar a los estudiantes más vulnerables de manera integral, no sólo con dinero.

Por eso la estructura de acompañamiento incluye tutoría académica y personal, formación profesional ocupacional, ayuda para encontrar vivienda, prácticas para facilitar la inserción en el mercado laboral y a veces incluso ropa. El decano de la universidad dice que USIL pretende alcanzar una tasa de deserción escolar cero, una meta ambiciosa pero factible. Con una tasa de abandono baja, el fondo de garantía no será tocado y podrá seguir respaldando el ingreso de nuevos alumnos.

¿Cuál es el futuro del fondo de garantía al estudio? La parte destinada a becas, especialmente, no va a ser posible sin la asociación financiera con algunas de las grandes empresas del sector privado de Perú. Esperemos que con el tiempo el fondo demuestre a los principales inversores que el riesgo financiero asociado a los estudiantes de bajos ingresos puede ser mitigado si una universidad comprometida hace bien su trabajo.

Si esta idea y el modelo innovador que la sustenta funciona tal y como deseamos y más universidades quieren diseñar fondos similares podríamos estar ante un gran avance en el sistema de financiación del acceso a la educación superior en América Latina y el Caribe (ALC) y en otras regiones en desarrollo. Podría ser un buen incentivo para que las empresas de ALC movilicen más recursos y formen parte del proceso de innovación, educando a una fuerza de trabajo más diversa y competitiva que beneficiará su propio futuro y el del país.

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